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Sobre el "Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables" de la AFIP... Y una pregunta para hacerse.

10 mayo 2013

A finales del 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, mejor conocida como la AFIP *, expidió la resolución Nº 3424 de 2012 (vigente desde el 2 de enero 2013), mediante la cual se creó el "Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables" (RegistraRSE), cuyo objetivo principal es, reza su artículo primero, "(contribuir al) reconocimiento público de aquellos contribuyentes que, en virtud de su compromiso frente a la comunidad, evidencien un correcto y responsable comportamiento en los aspectos social, económico y/o ambiental".

A continuación el texto de la resolución, seguido de una pregunta no menor que me quedó dando vueltas luego de su lectura.

Para preguntarse

Personalmente la idea detrás de RegistraRSE me gusta: un registro de incorporación voluntaria que busca dar visibilidad, no a acciones, no a proyectos, sino a políticas de Responsabilidad Social Empresarial llevadas a la práctica. Y me gusta, también, porque incluye ese elemento regulatorio que no debería dejar de estar presente en cualquier iniciativa pública sobre la materia (lo he dicho muchas veces y de diferentes maneras: regular no es obligar, es inspeccionar, vigilar... controlar. O si se lo prefiere, regular es ayudar a que el barco de la RSE no se llene de polizones). No obstante... hay algo que me ha quedado haciendo ruido en la cabeza:

¿Son o no son? El artículo tercero de la resolución lista los requisitos que debe cumplir una empresa para ser incluida en el registro, y entre ellos, los correspondientes a los literales d, e y f hacen referencia a ciertas conductas delictivas en las que pudieran estar involucrados el empresario y/o los directivos de la empresa.

El problema aquí radica en que el texto de la resolución impide la inscripción en el registro, no a aquellas empresas cuyos empresarios y/o directivos han sido sancionados penalmente (esto es, con una sentencia judicial en firme), sino a aquellas en las que unos y/u otros puedan estar siendo investigados por la posible comisión de los delitos a los que los literales antes mencionados hacen referencia *. No hace falta mucho esfuerzo para comprender que lo uno no es lo mismo que lo otro (aun cuando la resolución especifique que debe haberse realizado el requerimiento fiscal de elevación a juicio).

Siendo así, me quedo pensando si esta limitación a la libertad tal cual ha sido planteada, no implica necesariamente el desconocimiento de uno de los principios básicos y fundamentales de toda constitución contemporánea y de todo Estado Constitucional de Derecho: el del estado jurídico de inocencia (o de presunción de inocencia), y por lo tanto me pregunto y les dejo a Ustedes la misma pregunta para hacerse: ¿Son o no son inconstitucionales los literales d, e y f del artículo tercero de la resolución?

(Entiendo que en culturas como la argentina [ocurre igual en la colombiana, y por qué no pensarlo así, en todas las latinoamericanas], el hecho de ser investigado penalmente se toma la mayoría de las veces como sinónimo de ser culpable [especialmente cuando el investigado no es nada nuestro]; por lo que entiendo también que a una iniciativa como esta no le haría mucho bien que se pudiera exponer públicamente que en el registro están incluidas empresas cuyos empresarios y/o directivos están "sospechados" de haber cometido delitos aduaneros o tributarios [más aun cuando la entidad titular del registro lleva a cuestas un prejuicio social del que le es difícil librarse {ver nota *}, en un país con una fuerte presión fiscal y políticamente polarizado]. Sin embargo... Nuestras sociedades han conseguido logros jurídicos a los que no debemos ni podemos renunciar, uno de ellos es, por supuesto, el reconocimiento del estado jurídico de inocencia como derecho constitucional fundamental).

* De manera resumida, las principales funciones de la AFIP son: la recaudación de los impuestos nacionales, la recaudación de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social, y el control del tráfico de bienes por aduanas.

** Las leyes a las que hacen referencia los literales d, e y f de la resolución son: el Código Aduanero (cuya Sección XII trata sobre "Disposiciones Penales"), la Ley Penal Tributaria de 1990 (actualmente derogada), y la ley que establece el Régimen Penal Tributario (norma que precisamente derogó a la ley 23.771).

La materia ambiental en la Constitución Política Colombiana

18 marzo 2013

El reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo del Medio Ambiente como elemento esencial para el desarrollo humano, al igual que el establecimiento de su defensa como objetivo de principio dentro de la forma organizativa del Estado Social de Derecho1, ha llevado a que muchos cataloguen a la actual Constitución Política Colombiana como una constitución ecológica.

En el año 2010, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia C-5952, con ponencia del Mg. Jorge Iván Palacio Palacio, se tomó el trabajo de relevar un total de 33 disposiciones constitucionales que a juicio del alto tribunal, regulan constitucionalmente "la relación de la sociedad con la naturaleza", y que en consecuencia, reconocen al medio ambiente un interés jurídico superior en el contexto colombiano. Estas 33 normas constitucionales son:

  1. La obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas  culturales y naturales de la Nación (art. 8°);
  2. La atención del saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado (art. 49);
  3. la función social que cumple la propiedad, (a la que le es) inherente una función ecológica (art. 58);
  4. El reconocimiento de condiciones especiales de crédito agropecuario teniendo en cuenta las calamidades ambientales (art. 66);
  5. La educación como proceso de formación para la protección del ambiente (art. 67);
  6. El derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines (art. 79);
  7. La obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados; y cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas fronterizas (art. 80);
  8. La prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, como la introducción al territorio de residuos nucleares y desechos tóxicos; la regulación de ingreso y salida del país de los recursos genéticos y su utilización, conforme al interés nacional (art. 81);
  9. El deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, que prevalece sobre el interés particular (art. 82);
  10. Las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos como el espacio y el ambiente; así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos  (art. 88);
  11. El deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95.8);
  12. La función del Congreso de reglamentar la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales (art. 150.7);
  13. La declaratoria de la emergencia ecológica por el Presidente de la República y sus ministros y la facultad de dictar decretos legislativos (art. 215);
  14. El deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226);
  15. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye un control financiero, de gestión y de resultados fundado en la valoración de los costos ambientales (art. 267, inc. 3°);
  16. Presentación por el Contralor General al Congreso de un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente (art. 268.7);
  17. Función del Procurador General de defender los intereses colectivos, especialmente el ambiente (art. 277.4);
  18. Función del Defensor del Pueblo de interponer acciones populares (art. 282.5);
  19. Por mandato de la ley, la posibilidad que los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas adelanten con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración dirigidos a la preservación del medio ambiente (art. 289);
  20. La competencia de las asambleas departamentales para regular el ambiente (art. 300.2);
  21. Posibilidad legal de establecer para los departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal diferentes a las mencionadas constitucionalmente, en atención a mejorar la administración o prestación de los servicios públicos de acuerdo a las circunstancias ecológicas (art. 302);
  22. El régimen especial previsto para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales (art. 310);
  23. La competencia de los concejos municipales para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico (art. 313.9);
  24. La destinación mediante ley de un porcentaje de los tributos municipales sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables (art. 317);
  25. Las funciones que se atribuyen a los territorios indígenas (consejos) para velar por la aplicación de las normas sobre usos del suelo y la preservación de los recursos naturales (art. 330, núms. 1º y 5°);
  26. La creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena la cual tiene entre sus objetivos el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art. 331);
  27. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes (art. 332);
  28. La empresa tiene una función social que implica obligaciones; la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (art. 333) (negrilla fuera de texto);
  29. La intervención del Estado por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (art. 334);
  30. La necesidad de incluir las políticas ambientales en el Plan Nacional de Desarrollo (art. 339);
  31. Existencia de un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de los sectores ecológicos, entre otros (art. 340);
  32. El señalamiento de la preservación del ambiente como una destinataria de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); y
  33. La inclusión del saneamiento ambiental como uno de las finalidades sociales del Estado (art. 366).

No obstante haber sido tratados en la parte motiva del fallo, en mi opinión, al anterior listado debieron sumarse tres artículos que si bien no hacen una referencia expresa del tema medioambiental en su contenido, constituyen la base axiológica y deontológica de su defensa, y que por lo tanto tienen mucho que ver con la regulación de la "relación de la sociedad con la naturaleza" de la que habla la Corte en su sentencia. Son:

  1. El artículo primero de la Constitución, no solo por determinar la fórmula política del Estado Social de Derecho, sino sobre todo, por establecer que la República Colombiana se funda en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general.
  2. El artículo segundo en cuanto impone como fines esenciales del Estado la promoción de la prosperidad general y la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
  3. Y por último, pero no menos importante, el artículo 11 que reconoce como inviolable el Derecho a la Vida.

Sobre este último la sentencia C - 595 incluye la siguiente referencia a la sentencia T-411 de 1992:

"La persona es el sujeto, la razón de ser y fin último del poder político por lo que se constituye en norte inalterable en el ejercicio del poder y su relación con la sociedad. Es a partir del respeto por la vida humana que adquiere sentido el desarrollo de la comunidad y el funcionamiento del Estado.

La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra.

La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena. Desconocer la importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones."

Con fundamento en argumentos como el anterior, es que en el contexto constitucional y jurídico colombiano, el Medio Ambiente no solo reviste el carácter de objetivo de principio dentro del Estado Social de Derecho, el de Derecho Colectivo y el de deber constitucional (en cuanto a su protección), sino además, el de Derecho Fundamental dada su inminente conexidad con el Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud de las personas.

Puede parecer un tema manido para algunos y para otros quizás una perogrullada, pero la defensa del Medio Ambiente es un tema que como civilización nos compete y mucho. Por eso mismo las instituciones sociales que hemos creado para legitimar, estructurar y defender nuestro proyecto común deben hacer su parte. El Derecho, quizás la principal de ellas, no puede ser la excepción.

Notas:

1 Corte Constitucional Colombiana. Sentencias T-254 de 1993, T-453 de 1998 y C-671 de 2001 (cita tomada de la Sentencia C-595 de 2010).

2 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C - 595 de 2010.

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Buen Gobierno en las Relaciones Laborales

17 enero 2013

Entrevista al abogado y filósofo colombiano, Julio César Carrillo, especialista en Derecho Laboral y en Pedagogía de los Valores, en la que habla sobre la importancia de humanizar tanto la concepción como la gestión jurídica de los vínculos laborales en las empresas.

§ La entrevista fue realizada para el programa de televisión "Punto de Encuentro", de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga (Colombia).

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Ley Marco de Responsabilidad Social en Mendoza

19 diciembre 2012

Como lo informó hace algunas semanas el portal de ComunicaRSE, la Legislatura provincial de Mendoza (Argentina) expidió recientemente la ley Nº 8488, o "Ley de Responsabilidad Social Empresaria", con el objetivo (ver: comentarios), según reza su artículo primero, de:

"Promover conductas socialmente responsable de las empresas y organizaciones en general, en el diseño y materialización de sus políticas, con el fin que se cumpla una objetiva valoración y evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera.

... y para conseguirlo, la propia ley "fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial (BRSAE)"

¿Qué es el BRSAE?

A los efectos de la nueva ley, se entiende por Balance Social y Ambiental, "al instrumento para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política social y ambiental de la organización" (art. 4). En pocas palabras, el BRSAE un reporte de Responsabilidad Social, o de sostenibilidad, si así prefiere llamársele.

¿Cuándo y Quiénes?

El BRSAE deberá ser presentado anualmente en la fecha de cierre de cada ejercicio económico (art. 5), por toda empresa que, por una parte, cuente con una planta de personal de más de 300 trabajadores y que asimismo haya tenido en el año anterior una facturación superior a la de una mediana empresa (conforme a lo dispuesto en la resolución 147 de 2006 de SEPYME); y por otra, que tenga domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, o desarrolle en ella su actividad princial al menos durante un año a partir de la entrada en vigencia de la ley (artículos 3 y 5).

No obstante, las demás empresas a las que la ley no exige la presentación del balance, podrán presentarlo de manera voluntaria (aunque en realidad, la presentación es voluntaria y discrecional para todas las empresas [ver: sanciones y beneficios]).

¿Presentados?

Así es, la ley deja de manifiesto el activo papel que el Estado Provincial de Mendoza busca jugar en materia de reporting: a diferencia de otras normas o proyectos similares a esta ley, el Estado supera la función meramente reglamentadora para concederse igualmente funciones de regulación (de inspección y vigilancia principalmente, pero también de control), lo cual encuentra su sustento en los varios posibles beneficios que la propia ley otorga a las empresas reportantes que se hagan acreedoras al distintivo de "Empresa Socialmente Responsable" (artículos 5 y 9).

Importante es anotar que para su presentación, los balances deben ser presentados junto con un informe de auditoría emitido por un profesional independiente y especialista en la materia (art. 8).

¿Qué y Ante Quién?

Entre las amplias facultades de reglamentación que la ley concede a la "autoridad de aplicación", para el caso el organismo a través del cual el Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la Provincia lo considere pertinente, está la de establecer cuál deberá ser el contenido de los BRSAE. En todo caso, lo que si deja en claro la ley desde un comienzo, es que los reportes deberán responder a indicadores, y que estos a su vez, serán confeccionados por la autoridad de aplicación teniendo como referencia los indicadores GRI (concretamente, los de la guía G3.1), o los de otros estándares que en el futuro puedan crearse a nivel nacional.

Será ante esta misma autoridad, que las empresas presenten anualmente sus BRSAEs (artículos 6, 13 y 14).

El Índice

Uno de los puntos que hace diferente a esta ley de otras iniciativas similares, es la creación del Índice de Responsabilidad Social que deberá ser elaborado por la autoridad de aplicación, con el objeto de servir de instrumento de medición y evaluación del aporte integral de las empresas al bienestar de la sociedad mendocina (art. 8).

El índice además cumplirá la función de fijar los parámetros mínimos que den lugar a la obtención del certificado de "Empresa Socialmente Responsable" (art. 9).

Sanciones y Beneficios

En estricto sentido, la ley no contiene castigos para las empresas que aun estando obligadas a hacerlo, dejen de presentar sus balances, y pensar que la autoridad de aplicación pudiera llegar a reglamentarlos/establecerlos en el futuro, es pecar de inconstitucional por inocente.

En todo caso, si se lo quiere ver de esa manera, la única sanción implícita (aunque no por eso menor) para las empresas que no presenten sus balances, sería la de no poder hacerse acreedoras a los beneficios que concede la ley, entre ellos, el más importante y del cual se derivan todos los demás: el de obtener y hacer uso público del certificado/distintivo de "Empresa Socialmente Responsable" (artículos 9, 11 y 12).

No bstante lo anterior, la ley sí hace referencia a una sanción para las empresas que tras la presentación del BRSAE obtengan el certificado de "Empresa Socialmente Responsable", cual es, precisamente, la revocatoria de ese certificado, y en consecuencia, la pérdida automática de los beneficios que de su obtención se desprenden. Según la ley, la revocatoria tendrá lugar cuando se incumplan las condiciones que fundamentaron la concesión previa del reconocimiento (artículos 9 y 14-e).

Comentarios

Varias cosas pueden opinarse en torno a esta nueva ley, para empezar, algo sobre lo que ya me he referido en ocasiones anteriores: pese a que así es fácil juzgarlo (incluso por los propios legisladores) el objeto de normas como estas no es "promover conductas socialmente responsables", ese en todo caso sería su objetivo. El objeto jurídico de este tipo de leyes (leáse: relacionadas con las prácticas de reporting empresarial) no es otro que el de reglamentar el derecho constitucional y fundamental de información. ¿Por qué? El Estado Social de Derecho, por su naturaleza, plantea un nuevo contrato social (y económico) entre la sociedad y sus empresarios. Este nuevo contrato parte de reconocer a la empresa como un agente social neurálgico, y por eso mismo impone como carga correlativa a la libertad de empresa, una función social. Función social que puede mal que bien sintetizarse en el concepto de "Bien Común" y que contempla tanto aspectos negativos (no hacer o dejar de hacer algo perjudicial para la sociedad) como aspectos positivos (hacer algo beneficioso para la comunidad). En ese sentido, la práctica del reporting puede ser una herramienta eficaz para que la sociedad tenga acceso a información que le permita conocer de qué manera sus empresarios están haciéndose cargo de la función social que constitucionalmente les compete. Por esa razón, y dado que objeto y objetivo aunque parezcan lo mismo son dos cosas diferentes, las normas que reglamentan el reporting no tienen por objeto a la Responsabilidad Social en sí misma, sino al Derecho de las personas a recibir información.

Eso por un lado, y por el otro... Creo que ya dejé sentada mi opinión general sobre la ley al decir que en comparación con otros proyectos similares, es de lo mejorcito que se ha visto (so lo juzgo principalmente por las facultades de regulación que el estado provincial mendocino se ha guardado para sí). No obstante, para no alargar más el post y que puedan pasar a la lectura de la ley, preferiría por el momento guardarme las demás opiniones e irlas exponiendo en futuras entradas. Résteme solo decir por ahora que, en términos generales, bienvenida sea la ley. Ojalá el gobierno mendocino afronte con compromiso y responsabilidad su reglamentación, pues el trecho que queda por recorrer para llevarla del papel a la realidad, no es poco y puede ser bastante complejo.

(Por cierto, ¡Feliz Navidad para todos!)

"Ley de Responsabilidad Social Empresaria" - Mendoza, Argentina
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Racionalidad Ética

21 noviembre 2012

Así como hay libros que por una u otra razón siempre nos acompañan, la lectura con fines académicos consigue que haya también artículos por los que guardamos cierto afecto y a los que cada tanto volvemos para dar una ojeada. Tal es el caso del texto que quiero compartirles hoy: "La transformación de la ética de la racionalidad económica en Amartya Sen. Una recuperación de adam Smith", de Marta Pedrajas.

"El supuesto fundamental de la economía moderna es que el comportamiento real es igual al comportamiento racional. De ello no es posible dudar, ya que suponer 'irracionalidad' en el comportamiento sería aún más complicado, como bien afirma Sen[1]. El punto de partida son, por tanto, seres racionales, el problema ahora es cómo caracterizamos esa racionalidad. Ésta puede tener un componente de interés propio, de egoísmo, de ventaja personal, de beneficio, de bienestar propio, etc., y entonces hablamos de racionalidad económica egoísta, propia del homo oeconomicus. Pero también puede considerarse que ese homo se mueve por algo más que su propio beneficio, que es capaz de actuar no sólo por simpatía, si no también por compromiso, por lealtad, por deber, por justicia y por toda una serie de valores éticos que existen, que efectivamente determinan el comportamiento y que son un potente componente de este comportamiento real y también racional. En este caso, podemos empezar a hablar de racionalidad ética."

Si bien puede haber quienes a priori (y con justa razón) consideren que este texto no guarda ninguna relación con el Derecho, espero que después de leerlo sea algo que permitan replantearse, pues, no en vano, la gran mayoría de los contratos privados de nuestro tiempo aún responden a una lógica jurídica que es hija de la teoría económica clásica de la elección racional; y sin embargo, como Pedrajas bien lo refiere a propósito del pensamiento de Sen (y del propio Adam Smith, inclusive), los seres humanos no necesariamente celebramos negocios jurídicos circunscritos exclusivamente en el ideal del costo - beneficio personal; algo que cobra un especial valor cuando nos planteamos la necesidad de analizar los ingredientes y consecuencias jurídicas de conceptos como la Responsabilidad Social Empresarial.

[1] Cf. J. Conill, Horizontes de economía ética. Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen. Tecnos, Madrid. 2004. (Cita de la autora).

* Por supuesto, un post que hace referencia a Amartya Sen y al Derecho, no podría menos que tener un enlace a alguna referencia bibliográfica sobre el concepto de Justicia de Amartya Sen (otro texto muy recomendado).

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La Corte Constitucional Colombiana y un llamado jurisprudencial a la Responsabilidad Social Empresarial

09 octubre 2012

El contexto:

La señora X interpuso una acción de tutela (recurso de amparo) en contra del Banco Agrario de Colombia, por considerar que esta entidad financiera estaba vulnerando —tanto a ella como a sus tres hijos—, su derecho fundamental al mínimo vital, en su especial condición de madre cabeza de familia y mujer desplazada.

¿Por qué? Porque habiéndose presentado a cobrar el subsidio que el Estado colombiano ha concedido a las personas en condición de desplazamiento, el banco se negó a pagarlo debido a que la tutelante —cuya condición de desplazada, se lee en la sentencia, ya era conocida por la entidad financiera— lo hizo sin el original de su cédula de ciudadanía (DNI), aunque si, con "un comprobante de trámite del documento de identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la denuncia (policial) de pérdida de papeles".

La respuesta del banco a la acción presentada fue predecible (y entendible): alegó que la acción de tutela en su contra era improcedente, por cuanto su accionar no vulneraba ningún derecho, garantía o interés jurídico, debido a que, por una parte, "su labor es de mero intermediario", y por otra, que "para poder realizar cualquier pago correspondiente a una ayuda humanitaria (se) debe verificar el cumplimiento de los requisitos contentivos en el convenio suscrito con Acción Social*, para lo cual es indispensable tener plenamente identificado el beneficiario del giro mediante la presentación de la cédula de ciudadanía".

El fallo de primera instancia fue contrario a las pretensiones de la tutelante.

¿Qué dijo la Corte?

Así como la respuesta del banco fue predecible, el fallo de la Corte también lo fue:

"(...) esta Sala concluye que a la entidad financiera le asistía la obligación de exigir a la población en desplazamiento y en particular a la ahora accionante, la presentación de la cédula de ciudadanía para poder hacer efectivos los pagos de las ayudas humanitarias. En esa medida, era deber de la peticionaria presentar el documento de identidad ante la entidad bancaria para acceder al desembolso del dinero. Ello con fundamento en que la cédula de ciudadanía tiene el alcance de prueba de identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. Igualmente, se considera un instrumento que brinda seguridad tanto a la entidad bancaria como al desplazado, reduciendo las probabilidades de ser suplantada."

No obstante, inmediatamente después del párrafo anterior (en el que queda en evidencia cuál habrá de ser la decisión en relación con la entidad accionada) la Corte incluyó en la ratio decidendi de la sentencia (pues así lo deja constar en el numeral tercero de su parte resolutiva), un interesante inciso escrito en clave de Responsabilidad Social Empresarial:

"Pese a que es claro que no es desproporcionado que el Banco Agrario exija la presentación de la cédula de ciudadanía a las personas que manifiestan pertenecer a la población desplazada, y en consecuencia, no se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante, esta Sala advierte que la señora (...) merece especial protección, pues resiste una triple condición de vulnerabilidad al ser mujer, desplazada y madre cabeza de familia. En esa medida, ante la función social que presta el Banco Agrario como intermediario para el pago de las ayudas a los desplazados en todo el país, le correspondía ejercer una tarea adicional consistente en brindar una orientación oportuna a quien por su situación podrían (sic.) desconocer la forma en que se debía actuar ante la pérdida de su documento de identidad.

Por tanto, la Sala exhortará a dicha entidad para que en adelante brinde una información adecuada y oportuna sobre el trámite a seguir para la solicitud y entrega de la cédula de ciudadanía a sujetos de especial protección constitucional." (subrayado y negritas fuera de texto)

Que las organizaciones cumplan con los deberes y las funciones ordinarias que han asumido o se les han impuesto está bien, pero en un Estado Social de Derecho para el que el principio de solidaridad es un pilar fundamental, entiendo Yo plantea la Corte, no es suficiente: Una organización empresarial, cualquiera sea, debe ser conciente de cómo y cuánto puede impactar negativa y positivamente a sus stakeholders y actuar en consecuencia, y eso... eso no es otra cosa que RSE.



Notas:

* Acción Social es el nombre con que comunmente se identifica al Departamento para la Prosperidad Social del gobierno colombiano. El programa del que es beneficiaria la accionante en la sentencia T-069 de 2012 es el denominado "Familias en Acción".

§ Afortunadamente para la accionante, previo al fallo de la Corte, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo entrega a la tutelante de su cédula de ciudadanía, lo que en últimas llevó a la corte a declarar una carencia actual de objeto al momento de fallar (por cierto, encomiable para la Registraduría, el que el duplicado haya sido entregado en tan solo 18 días).

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Estudios sobre Derecho y Responsabilidad Social en un contexto de crisis

17 septiembre 2012

"Estudios sobre Derecho y Responsabilidad Social en un contexto de crisis" es un libro publicado por ediciones Cinca en abril de este año, que recoge los resultados del proyecto de investigación DER-2009-08766 (sobre gestion socialmente responsable de la crisis), del cual participan la Universidad de Huelva, la Universidad Hispalense de Sevilla, la Universidad de Málaga, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, UHELCO y Management Research.

Según los coordinadores del proyecto, los artículos recopilados en esta obra pueden estructurarse en tres bloques: Por un lado, "los que tratan cuestiones y conceptos claves tales como la globalización, la competitividad o la propia crisis". Por otro lado, "los que acuden a su ubicación en la dinámica estrictamente empresarial o, si se prefiere, en la sede de la empresa; y a tal fin, conexionan la responsabilidad social con la subcontratación, la formación, el empleo, la participación de los trabajadores o la fiscalidad". Y para terminar, "los que inciden sobre aspectos jurídicos, pero de una importante carga moral y ética, como la igualdad o los códigos de conducta":

Responsabilidad Social Corporativa: apuntes históricos
—Agustín Galán García

Responsabilidad Social de la Empresa y Globalización
—José Manuel Gómez Muñoz

Córdigos de conducta: un instrumento para las relaciones laborales en un contexto de crisis
—Alberto Valdés Alonso

La subcontratación internacional socialmente responsable: concepto, objeivos y forma de gestión
—Carolina Gala Durán

Competitividad y Responsabilidad Social en las Empresas: especial significación en PyMes
—Jesús de la Corte

Formación, Empleo y Responsabilidad Social
—José M. Morales Ortega

La participación de los Trabajadores en las experiencias de Responsabilidad Social de las Empresas
—Rosa María Pérez Yáñez

Igualdad de Género y Responsabilidad Social
—Emilia Castellano Burguillo

Planificación Fiscal, deber de contribuir y Responsabilidad Social. ¿Existe una planificación fiscal socialmente responsable?
—Miguel Ángel Sánchez Huete

Aspectos fiscales de la transformación en cooperativa de una empresa concursada
—José Antonio Fernández Amor

Responsabilidad Social de los Empleadores y Crisis Económica
—Miguel Rodríguez-Piñero Royo

Gracias a RedUnirse se puede acceder a la integridad del texto de este libro en línea: "Estudios sobre Derecho y Responsabilidad Social en un contexto de crisis".


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